Se supone que en un Estado democrático: a) no existen los delitos políticos, y b) los servicios de inteligencia no se usan para combatir actividades políticas pacíficas de los ciudadanos.

Estas dos condiciones no se cumplen en el caso del Estado español. Políticos representantes de la ciudadanía son acusados de incumplir las leyes, no por uso de la violencia sino por desobediencia a la Constitución. Si esto es así, se comete un delito, pero todos estaremos de acuerdo en que se trata de un delito político, no común. Si se imputa y condena a estos representantes está claro que el Estado está persiguiendo delitos políticos, luego no se trata de un Estado democrático. Los casos de Mas, Rigau, Ortega así lo demuestran (aunque discrepemos profundamente de ellos por sus políticas sociales), pero es también el caso del concejal de la CUP en Vic, Joan Coma, imputado por defender públicamente el derecho de Catalunya a ser independiente o la alcaldesa de Berga por no quitar la estela de la puerta del Ayuntamiento.

Las instituciones mantenidas por todos los ciudadanos no se pueden usar de manera partidista para perjudicar al adversario político. En un Estado de Derecho esto sería ilegal e inaceptable, y causa de un escándalo de proporciones mayúsculas que deberían llevar a sus autores a la dimisión o a la destitución. En el Estado español esto no es así. Desde el Ministerio del Interior se fabrican pruebas falsas y se realizan operaciones policiales contra sectores del independentismo y del anticapitalismo de manera periódica con el objetivo de desactivarlos políticamente, y sus autores quedan absolutamente impunes. Luego el Estado español no es un Estado de Derecho pues los ciudadanos estamos indefensos ante este tipo de operaciones que coartan nuestra libertad de expresión, de conciencia y de opinión política.

Este mismo Estado mantiene económicamente a la Fundación Francisco Franco al tiempo que impide a la jueza argentina Silvilla, interrogar a testigos de los crímenes del franquismo, amenazando a los jueces con sanciones si lo permiten. Dicen que la amnistía de 1977 ha prescrito estos crímenes.

¡Qué régimen político nos montaron con la Constitución de 1978!

¡Ruptura Democrática ya!

A vista de pájaro

 

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